De acuerdo con el art.11.2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, en la redacción dada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, los principios rectores de la actuación de los poderes públicos en relación con los niños, niñas y adolescentes son:

• La supremacía de su interés superior.
• El mantenimiento en su familia de origen, salvo que no sea conveniente para su interés, en cuyo caso se garantizará la adopción de medidas de protección familiares y estables priorizando, en estos supuestos, el acogimiento familiar frente al institucional.
• Su integración familiar y social.
• La prevención y la detección precoz de todas aquellas situaciones que puedan perjudicar su desarrollo personal.
• La sensibilización de la población ante situaciones de desprotección.
• El carácter educativo de todas las medidas que se adopten.
• La promoción de la participación, voluntariado y solidaridad social.
• La objetividad, imparcialidad y seguridad jurídica en la actuación protectora, garantizando el carácter colegiado e interdisciplinar en la adopción de medidas que les afecten.
• La protección contra toda forma de violencia, incluido el maltrato físico o psicológico, los castigos físicos humillantes y denigrantes, el descuido o trato negligente, la explotación, la realizada a través de las nuevas tecnologías, los abusos sexuales, la corrupción, la violencia de género o en el ámbito familiar, sanitario, social o educativo, incluyendo el acoso escolar, así como la trata y el tráfico de seres humanos, la mutilación genital femenina y cualquier otra forma de abuso.
• La igualdad de oportunidades y no discriminación por cualquier circunstancia.
• La accesibilidad universal de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad y los ajustes razonables, así como su inclusión y participación plenas y efectivas.
• El libre desarrollo de su personalidad conforme a su orientación e identidad sexual.
• El respeto y la valoración de la diversidad étnica y cultural.

Guía de recomendaciones para la escucha activa a niños, niñas y adolescentes desde las administraciones públicas