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La Xunta recibe más de 100 aportaciones y sugerencias a la que será la primera Ley Gallega de Infancia y Adolescencia

Fabiola García agradece el trabajo realizado por las entidades y destaca que sus aportaciones “ayudarán a que la futura ley sea un texto muy participado y muy consensuado”

Destaca que “se trata de una ley muy esperada y muy necesaria” que servirá para blindar el acogimiento familiar, abriendo la posibilidad de que los menores que viven en estos hogares puedan continuar en ellos si pasan a adopción

Explica que el objetivo es “que Galicia disponga de una ley moderna, adaptada a las nuevas realidades sociales” y que ponga a la infancia en el centro de actuación de las administraciones


A Coruña, 18 de marzo del 2026

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, mantuvo esta mañana una reunión con las principales entidades de acogimiento familiar de Galicia para recoger sus propuestas de cara a la elaboración de la primera Ley Gallega de Infancia y Adolescencia. Sobre la norma, avanzó que en la fase de consulta pública previa, que finalizó ayer, se recibieron más de 100 aportaciones y sugerencias de particulares y entidades a la futura normativa.

Fabiola García, que mantuvo un coloquio con representantes de Acougo, Aldeas Infantiles, Cruz Vermella, Fundación Aldaba y Manaia, destacó que el número de aportaciones recibidas “demuestra que se trata de una ley muy esperada y muy necesaria” y que el objetivo de la Xunta es “que Galicia disponga de una ley moderna, adaptada a las nuevas realidades sociales” y que ponga a la infancia y a la adolescencia en el foco y en el centro de actuación de todas las administraciones.

La conselleira agradeció el trabajo realizado por las entidades que, según dijo, “conocen de primera mano las necesidades reales, las dificultades y también las soluciones posibles” y puso en valor que su experiencia “es fundamental para construir políticas más justas, realistas y eficaces”. En este sentido, destacó que el encuentro realizado hoy tiene como objetivo recoger sus aportaciones “para conseguir que la futura ley sea un texto muy participado y muy consensuado”.

Fabiola García explicó que los principales destinatarios del futuro texto legislativo son las más de 365.000 personas menores de edad que residen en Galicia, pero tendrá impacto en toda la sociedad gallega, porque la protección y apoyo a las personas menores es una responsabilidad de la que participan directamente las familias, los profesionales del ámbito de la infancia y adolescencia y las distintas administraciones.

Principales novedades

Entre las novedades previstas en este texto, detalló que la ley servirá para potenciar el acogimiento familiar como fórmula prioritaria de protección de un niño o adolescente cuando no puede vivir con su familia. El objetivo es que todos los niños de Galicia tengan la oportunidad de crecer en un hogar, en especial, aquellos que tienen menos de 6 años.  

En este sentido, la Ley regulará, por primera vez, la doble valoración de las familias para el acogimiento y la adopción, una demanda histórica de las familias acogedoras. Esto abre la posibilidad de que un niño que vive en acogimiento familiar pueda permanecer en esa misma familia si el personal técnico de la Xunta decide que ese niño pase a adopción.  

De esta manera, se da prioridad a que el niño permanezca con la familia acogedora, favoreciendo su continuidad en el mismo entorno y evitando nuevas rupturas de vínculos. Hasta ahora, esto no estaba permitido, ya que el acogimiento y la adopción eran procedimientos independientes y no se podía pasar de uno a otro. Asimismo, la Ley también recogerá la creación de un registro de familias acogedoras y adoptivas, para mejorar el control y el manejo de los datos de estas familias.  

Además, la futura norma regulará los tipos de medidas de protección a la infancia y permitirá mejorar la coordinación de las administraciones que trabajan en esta materia, porque la Xunta tiene competencias en los casos de riesgo grave o desamparo del menor y los ayuntamientos, a través de los servicios sociales de base, son los que trabajan en el ámbito del riesgo leve. Esta ley servirá, pues, para reforzar el trabajo conjunto que realizan todas las administraciones en defensa de los niños y de los adolescentes.