Noticia

Santiago de Compostela, 24  de septiembre de 2025

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, respondió esta mañana en el Parlamento una interpelación sobre el Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF), que es uno de los más demandados por las personas dependientes. Por eso mismo, recalcó que para desarrollarlo con garantías es fundamental que el Gobierno central deje de ponerle trabas a Galicia en la atención a dependencia, como el recurso de inconstitucionalidad presentado esta semana, y que cumpla la ley, acercando la financiación necesaria.

En cuanto al recurso aprobado ayer por el Consejo de Ministros, Fabiola García destacó que la homologación incluida en el plan de choque puesto en marcha por la Xunta en enero ha beneficiado ya a más de 9.300 gallegos y gallegas en lo que va de año. De este modo, "quiere paralizar una medida que, semanas después, el propio Gobierno central copió a Galicia en la reforma de la ley de dependencia", añadió. Así, explicó que mientras que en Galicia se concede automáticamente el 100% de la discapacidad a las personas con grado 3 de dependencia, el Ejecutivo central propone rebajarlo al 65%.

La conselleira recordó que "el SAF es de competencia municipal segundo el recogido en la Ley de servicios sociales de Galicia", que fue aprobada en el 2008 por el Gobierno bipartito. De este modo, reconoció que las corporaciones municipales hacen grandes esfuerzos para ofrecer este servicio que llega a más de 23.000 gallegos. Se trata -explicó- de un servicio que debe ser financiado por el Gobierno central, el autonómico y el local; pero que a la hora de la verdad "el Ejecutivo central solo recorta año a año su aportación económica sobrecargando así a la Xunta y a los ayuntamientos".

Fabiola García volvió a reiterar al Gobierno central que cumpla la Ley de la dependencia y acerque el 50% de la financiación, algo que señaló está lejos de cumplir porque "cada año vemos como su aportación disminuye considerablemente". Por lo que, explicó que mientras en el año 2023 su contribución había sido del 40%, en el año 2024 la redujo hasta el 34%.  Esta situación  -dijo- obliga a la Xunta y a los ayuntamientos a duplicar sus esfuerzos, por lo que desde el ente autonómico ya se lleva tiempo negociando con la Fegamp una nueva subida de los precios de la hora del SAF "que se irá aumentando progresivamente a lo largo de la legislatura".

La conselleira también avanzó que el Ejecutivo autonómico y la Fegamp trabajan conjuntamente para elaborar el primer protocolo de seguridad para las trabajadoras del SAF. De este modo, la Xunta ponen a disposición del organismo de representación municipal el Instituto de Seguridad Laboral de Galicia (ISSGA) y sus técnicos para la redacción de este texto base.

Fabiola García recordó que pese al incumplimiento de la Ley por parte del Gobierno central, y el trato diferencial con otras comunidades como el País Vasco, "la Xunta sigue poniendo por delante la atención de los gallegos" y solo en el último año incrementó los presupuestos de dependencia un 12% los 600 millones de euros, de los que 140 millones de euros están destinados a sufragar el Servicio de Ayuda en el Hogar.