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La Xunta anuncia que recibió hoy comunicación sobre los dos primeros menores migrantes de los 317 que Galicia tendrá que acoger por imposición del Gobierno central
A mayores, la conselleira de Política Social e Igualdade también denunció que conoció de manera extraoficial el traslado a Galicia de otros 15 menores del grupo de solicitantes de asilo que el Ejecutivo central debe atender por orden del Supremo
Santiago de Compostela, 10 de septiembre de 2025
La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, anunció esta tarde en el Parlamento que la Xunta recibió hoy los dos primeros expedientes de menores migrantes no acompañados de los 317 que Galicia tendrá que acoger por imposición del Gobierno central.
La conselleira avanzó que son dos varones "que están a punto de cumplir la mayoría de edad". Ambos están en estos momentos en las Islas Canarias y proceden de Gambia y Senegal. Con todo, Fabiola García señaló que el Ejecutivo gallego no tiene conocimiento sobre las fechas previstas para su traslado.
Fabiola García lamentó el reparto "arbitrario y sin consenso con las comunidades autónomas". Por eso mismo, denunció que esta imposición solo responde a los pactos del Gobierno central con sus socios parlamentarios; ya que mientras que Galicia se vería obligada a acoger 317 menores, ni el País Vasco ni Cataluña tendrían que acoger ninguno. Sobre esta situación, recordó que Galicia, junto a otras 10 comunidades de distinto signo político, ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional, al tiempo que señaló que seguirá recurriendo en todas las instancias los decretos y normativas que el Ejecutivo central siga imponiendo en esta materia.
Menores extranjeros solicitantes de asilo
Por otra parte, Fabiola García también avanzó que esta tarde la Xunta tuvo conocimiento de manera extraoficial de que el Gobierno central enviará a Galicia otros 15 menores extranjeros. Estos últimos, según explicó, forman parte de un grupo de adolescentes migrantes solicitantes de asilo que el Gobierno central debe acoger por orden del Tribunal Supremo.
En esta línea, la conselleira de Política Social e Igualdade denunció que el Gobierno central actúa nuevamente "por la puerta de atrás" al derivar estos casos a las comunidades, que deberán asumir su atención sanitaria y su integración en el sistema educativo.