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Madrid, 13 de marzo de 2025

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, reclamó hoy que la modificación de la ley de dependencia vaya acompañada de un completo estudio de costes y de la financiación necesaria para poder cubrirlos. Tras asistir al  Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, hizo hincapié en que "una vez más, la respuesta del Gobierno central ante la dependencia es el infrafinanciación, algo que reconoce en la propia memoria de la ley".

Durante su turno de palabra, la conselleira agradeció la buena voluntad del Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2023 pero denunció que "la voluntad no sostiene el sistema de atención a la dependencia", exigiendo al Gobierno central que cumpla la normativa y aporte el 50% de la inversión en esta materia.

En este sentido, Fabiola García destacó que "sin abordar la financiación no es posible un avance real en el sistema de atención a la dependencia". Sobre esta cuestión, puso de ejemplo el caso de Galicia, en el que las aportaciones al sistema de atención a la dependencia por parte del Gobierno central "se reducen de un año a otro", al pasar del 40% en 2023 al 34,9% en 2024, lo que provoca que la deuda acumulada con Galicia en esta materia supere los 2.500M". La conselleira explicó que esta situación "se ve agravada por la falta de PGE y por la dificultad para encontrar profesionales".

En el Pleno, el Gobierno central ofreció información sobre el anteproyecto de ley por lo que se modifica la Ley de Dependencia. Una normativa que, según destacó Fabiola García, presenta como novedades cuestiones que ya estaban vigentes desde julio del 2023, como es el caso de la teleasistencia universal o la compatibilidad de servicios. El texto incluye, además, la reforma del Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF), que se amplía a actividades fuera del domicilio "sin tener en cuenta a las comunidades autónomas, que lo financian mayoritariamente, ni a los ayuntamientos, que son los encargados de gestionarlo".

La conselleira también solicitó la actualización y mejora del baremo de la dependencia, "que se marca a nivel estatal y está obsoleto", y que se establezca que el envejecimiento de la población y la dispersión tengan un mayor peso en los criterios generales de financiación, unas cuestiones que definió como "claves para Galicia".

Por último, Fabiola García alertó de que el Gobierno central "corre el riesgo de repetir con la Ley ELA el mismo error que con la dependencia", en referencia a esta normativa, que entró en vigor el pasado mes de noviembre "y continúa sin financiación". Sobre esta cuestión, incidió en que "no se pueden reconocer derechos se esto no va acompañado de fondos".