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La Xunta insta al Gobierno central a incrementar la financiación del servicio de ayuda en el hogar ante la imposición de nuevos deberes a los ayuntamientos

Fabiola García recuerda que la reforma de la ley de dependencia sobrecarga la ayuda en el domicilio sin incluir fondos adicionales y sin consensuar con los ayuntamientos ni con la Administración autonómica


Santiago de Compostela, 3 de marzo de 2025

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, se reunió esta tarde con el presidente de la Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp), Alberto Varela, para avanzar en un acuerdo para la mejora de la financiación del Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF).

La conselleira recordó que actualmente la Xunta aporta a este servicio de gestión municipal 12 euros/hora, lo que supuso un incremento del 24% con respecto a la situación anterior. Este aumento fue posible gracias al acuerdo conseguido en 2021 con la Fegamp, en base a lo que la financiación por parte del Gobierno gallego pasó de los 9,7 euros/hora en 2020 a los 12 euros/hora que se abonan ahora.

Para seguir avanzando, Fabiola García apostó por el diálogo entre las administraciones y agradeció la voluntad y la implicación de los ayuntamientos en la gestión de un servicio que cuenta con cerca de 25.000 usuarios en Galicia y que definió como "uno de los pilares" del sistema de atención a la dependencia en la comunidad gallega.

En su intervención, recordó que la Xunta ha incrementado su aportación al SAF en los últimos años, destinando en este 2025 un total de 140 M€. En este sentido, incidió en que la mejora de la financiación de este servicio "debe ser un objetivo en el que todas las Administraciones sumen esfuerzos".

Por esta razón, instó al Gobierno central para que también se implique en la mejora de la financiación de este servicio y de la dependencia en su conjunto. Sobre esta cuestión, recordó que, por ejemplo, la reciente reforma de la ley de dependencia "sobrecarga la ayuda en el domicilio sin incluir fondos adicionales y sin consensuar con los ayuntamientos ni con la Administración autonómica".