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La adopción nacional

La adopción es una medida de protección destinada a ofrecer a un niño una familia alternativa a su famila de origen, de manera definitiva.

A la vez, es una institución jurídica de integración familiar que, por medio de una decisión judicial, crea entre adoptante/s y adoptado un vínculo de filiación idéntico al de los hijos por naturaleza, al mismo tiempo que se extinguen los vínculos jurídicos entre lo adoptado y su familia biológica. La adopción una vez constituida es irrevocable.

Salvo casos excepcionales (previstos en el artículo 176-2º del Código Civil) para iniciar un proceso de adopción se debe tramitar un expediente administrativo previo ante la entidad pública de protección de menores (Consellería de Política Social)
 
¿Qué niños pueden ser adoptados?

Con carácter general sólo pueden ser adoptados los menores no emancipados, en los que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
•    Que sus padres fueran privados de la patria potestad.
•    Que los padres dieran su conformidad para la adopción. En el caso de recién nacidos, el asentimento de la madre no podrá prestarse hasta que haya transcurrido 30 días desde el parto.
•    Que fueran abandonados.

Si el niño es mayor de doce años, deberá prestar su consentimiento para ser adoptado.

¿Quien puede adoptar? 


De acuerdo con la legislación española y gallega, con independencia de su estado civil cualquier individuo, matrimonio o pareja de hecho puede solicitar una adopción nacional. En el caso de ser cónyuges o parejas de hecho la voluntad de adoptar debe ser compartida por parte de ambos dos.

Además es necesario cumplir los siguientes requisitos:
•    Tener como mínimo 25 años cumplidos; en el caso de solicitud conjunta por una pareja, bastará con que uno de ellos tenga esta edad. En todo caso, el adoptante deberá tener, por lo menos, 14 años más que el adoptado.
•    Tener residencia habitual en la Comunidad Autónoma gallega o ser emigrante gallego con previsión de retorno; en este caso se deberá justificar la residencia efectiva en la comunidad autónoma en el plazo máximo de un año desde la fecha de presentación de la solicitud.
•    Tener plena capacidad jurídica y de obrar.
•    Estar declarado persona idónea para la adopción tras el correspondiente procedimiento de valoración.